Enhancing Dependency Support
Spanish Council of Ministers Approves €2.218M Extra to Strengthen Dependency Care
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El Consejo de Ministros aprobará este martes una inyección extraordinaria de 2.218 millones de euros para el sistema de cuidados a personas dependientes. El presidente Pedro Sánchez anunció la medida como una "deuda moral" del Estado y un "paso decisivo para consolidar un sistema más humano y justo", según Cadena SER.
El objetivo es reducir las listas de espera, mejorar los cuidados y reforzar las condiciones laborales de los cuidadores. Hoy, cerca de 152.000 personas esperan que se les asigne una ayuda. En el primer trimestre de 2026, unas 9.000 personas murieron mientras esperaban resolución, según datos de EFE.
El mayor gasto social en dependencia de la democracia
El Gobierno califica esta partida como "la mayor inversión social de la historia democrática", según La Moncloa. La medida se aprueba mediante un Real Decreto-Ley. Con ella, el Estado espera elevar su contribución al sistema desde el 35% actual hasta el 50% legal exigido por la Ley de Dependencia de 2006. Para 2027, el objetivo es que la financiación estatal total supere los 7.200 millones de euros, según Europa Press.
El ministro Pablo Bustinduy, del ala de Sumar en la coalición, ha liderado la negociación con las comunidades autónomas. El sistema lleva más de una década con un desequilibrio grave: las regiones han cargado con más del 70% del gasto, cuando la ley fija un reparto al 50%, según El Diario.
Cuánto cobran los dependientes y qué cambia ahora
Las cuantías actuales de ayuda varían según el grado de dependencia. Un dependiente de Grado III recibe unos 747 euros al mes. Uno de Grado II, unos 445 euros. Y uno de Grado I, unos 313 euros. Los casos más graves, como enfermos de ELA o pacientes terminales, pueden recibir entre 4.930 y 9.859 euros al mes para cuidados de 24 horas, según RTVE.
Una parte relevante de los fondos se destinará a servicios de teleasistencia y adaptación del hogar. Esto forma parte de la estrategia de "desinstitucionalización" 2024–2030, que busca reducir las grandes residencias y potenciar la atención en el propio domicilio, tal y como recoge el BOE.
Sindicatos piden que el dinero llegue a los trabajadores
Los sindicatos CCOO y UGT acogen la medida con cautela. Carlos Bravo, secretario de Política Pública de CCOO, exige que los fondos se vinculen al IX Convenio Estatal del sector. Hay unos 550.000 trabajadores en el sistema, en su mayoría mujeres y migrantes, que en muchos casos apenas superan el salario mínimo, según la CCOO.
El riesgo, advierten los sindicatos, es que las empresas privadas se beneficien del dinero público sin mejorar las condiciones laborales. Sin un convenio que fije sueldos mínimos más altos, el sistema puede convertirse en lo que los propios sindicatos llaman un "sistema de bajo coste".
La oposición acusa al Gobierno de llegar tarde y distraer
El Partido Popular rechaza el relato del Gobierno. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales de Madrid, afirma que los 2.218 millones no son un avance real, sino que el Estado simplemente está pagando parte de una deuda acumulada de 3.000 millones con la Comunidad de Madrid desde 2018, según Libertad Digital.
Varios críticos señalan también el momento del anuncio. Coincide con sentencias relevantes del caso Koldo/Ábalos, que afecta al entorno del Gobierno. Desde la oposición y algunos analistas, el timing se interpreta como una cortina de humo. La Asociación de Directores y Gestores de Servicios Sociales recuerda que a principios de 2026 aún había casi 9.000 personas que murieron esperando su ayuda, según EFE.
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