Zapatero Faces Legal Scrutiny.
Zapatero Responds to Judge Regarding Jewels, US Phone Seizure, and Daughters' Company Payments.
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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero compareció este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como investigado por siete presuntos delitos, entre ellos tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude fiscal La Opinión de Málaga. La declaración llega tras el hallazgo de 103 joyas en una caja fuerte registrada en mayo, mensajes comprometedores en un teléfono incautado en Miami y pagos de 561.440 euros a la empresa de sus hijas por parte de una firma vinculada a Venezuela El País.
El juez Calama describe a Zapatero como el "líder de una red de influencias" al servicio de intereses venezolanos. La decisión sobre medidas cautelares —que podrían incluir la retirada del pasaporte o incluso prisión preventiva— queda ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción y del PP, que ejerce la acusación popular Levante EMV.
103 Joyas, un Teléfono en Miami y 561.000 Euros a sus Hijas
El 19 de mayo de 2026, la policía registró la oficina de Zapatero en Madrid y la sede de Whathefav SL, la empresa de comunicación de sus hijas Laura y Alba. Encontraron una caja fuerte con 103 piezas: relojes, collares y anillos Diario de Mallorca. La defensa alega que son regalos protocolares o herencia familiar.
La empresa venezolana Inteligencia Prospectiva SL pagó 561.440 euros a Whathefav por "el diseño de una sola página web", según los investigadores El Periódico de Aragón. Además, en mayo de 2021 las autoridades de EE.UU. intervinieron y clonaron el móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes en un control de aduanas en Miami. Esos datos no llegaron a la UDEF española hasta marzo de 2026, cinco años después El Correo Gallego.
Los 53 Millones de Plus Ultra y el Rescate Político que lo Originó Todo
El caso arranca del rescate público de 53 millones de euros aprobado en marzo de 2021 para la aerolínea Plus Ultra con fondos de emergencia pandémica Información. La fiscalía sostiene que la línea tenía una cuota de mercado mínima. Los investigadores creen que el rescate fue un favor político, no una decisión técnica.
La investigación conecta esta operación con el escándalo "Delcygate" de enero de 2020, cuando el Gobierno español fue acusado de violar sanciones de la UE para reunirse con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en Barajas La Opinión de Zamora. El empresario Víctor de Aldama, ahora colaborador con la fiscalía, señala a Zapatero como el nexo entre Madrid y Caracas. "Zapatero sabe perfectamente lo que pasó... Se enfrenta a al menos diez años de cárcel", declaró Aldama El Día.
PP Pide Retirada del Pasaporte; Vox Exige Prisión Preventiva
El PP, como acusación popular, presiona para que el juez imponga medidas cautelares inmediatas, entre ellas retirar el pasaporte a Zapatero La Nueva España. Otras acusaciones, como Vox e Iustitia Europa, van más lejos y piden su ingreso en prisión provisional para evitar la destrucción de pruebas El Correo Web.
El Gobierno respondió por boca de su portavoz Elma Sáiz, que defendió el "legado social" de Zapatero y apeló a la presunción de inocencia. Desde el PSOE enmarcan el proceso como "presión política" sobre el expresidente. La decisión final sobre las medidas cautelares recae en la Fiscalía Anticorrupción Diario Córdoba.
La Defensa Apuesta por Tumbar la Prueba del Teléfono Americano
El abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, centra su estrategia en anular los datos del móvil de Reyes. Argumenta que una inspección de aduanas en EE.UU. no cumple los estándares de privacidad exigidos por la justicia española y que los mensajes —como "Zapatero es proMaduro"— son rumores sin valor probatorio La Provincia.
Analistas jurídicos advierten de que, si la defensa logra excluir esa evidencia, el caso se debilita considerablemente El Periódico de Extremadura. Sin embargo, la fiscalía dispone de pruebas adicionales: los registros bancarios de Whathefav, la documentación hallada en la caja fuerte y el testimonio de Aldama. El juez deberá decidir si los cargos justifican medidas restrictivas antes del juicio oral La Opinión de A Coruña.
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